• Invitamos al Senado y al Gobierno a abrir una discusión a fondo con las organizaciones de la MAPE formalizadas y en proceso de formalización, y con las asociaciones de mineros y mineras de subsistencia.
  • Expresamos nuestra disposición para colaborar con mineros y mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE), instituciones públicas y otros aliados para profundizar la inclusión diferencial de la MAPE dentro de la política pública a todo nivel.

Envigado, mayo de 2021

En la Alianza por la Minería Responsable (ARM) nos unimos a las múltiples voces que en Colombia rechazan el uso de la violencia, llaman al diálogo y la negociación de condiciones dignas para la población y hacemos un llamado para que se respeten los derechos humanos y se preserve el Estado Social de Derecho.

Hoy persisten en Colombia grandes desafíos para hacer posible el desarrollo de este sector, del que dependen millones de hombres y mujeres mineros en muchos territorios de comunidades negras, indígenas y campesinas.

La MAPE tradicional y ancestral ha sido estigmatizada porque en algunos territorios se encuentra sometida por actores criminales de la extracción ilícita de minerales, de la cual la MAPE es víctima. ARM concuerda con la necesidad de controlar la extracción ilícita articulada con redes criminales, pero llama al Senado y al Gobierno a revisar el Proyecto de Ley 059 de 2020 que establece medidas para erradicar la explotación ilícita de minerales. El actual proyecto de ley afecta directamente a los mineros tradicionales, ancestrales y de subsistencia del país en condición de informalidad, estigmatizando su labor y excluyéndolos de los mercados legales.

Asimismo, hacemos un llamado a garantizar la inclusión de la MAPE en el sector financiero, haciendo posible su operación formal y la comercialización de sus minerales en cadenas de suministro legales. Es necesario trabajar en un proyecto de ley que asegure el derecho legítimo de los mineros MAPE a tener acceso a servicios financieros, en cuanto estas barreras de acceso atentan contra los derechos de los mineros y mineras y obstaculizan el desarrollo del sector.

Invitamos a un diálogo entre el gobierno, el legislativo y las asociaciones de mineros y mineras de la MAPE, articulados en diversos movimientos. Manifestamos públicamente nuestra disposición para colaborar con todas las partes para profundizar la inclusión diferencial de la MAPE dentro de la política pública a todo nivel.

El señor Harbi Guerrero, minero de pequeña escala y vicepresidente de ARM declaró:

“Hoy, los mineros elevamos nuestra voz de protesta, reclamando solución a diversos problemas como la legalización, inclusión en los diferentes procesos de formalización, libre organización, servicios bancarios y financieros. Hemos esperado soluciones que nunca han llegado y es hora de que la MAPE hoy tenga resolución”.

Por su parte, Cristina Echavarría, miembro de la Junta Directiva de ARM, agregó:

“La MAPE es la gran minería en términos sociales.  Es crucial profundizar en el enfoque diferencial y priorizar la política de formalización, garantizando el acceso de la MAPE a recursos minerales, conocimiento y capacitación técnica, crédito e inclusión bancaria y mercados legales, y entender la importancia de las mujeres en esta actividad”.

En ARM trabajamos por una minería artesanal y de pequeña escala legítima, formalizada y responsable; acompañamos a los mineros y mineras a que formalicen su labor y mejoren sus prácticas organizativas, ambientales, sociales y comerciales, y coordinamos con las entidades públicas y los actores de las cadenas de suministro de metales preciosos legales para facilitar el acceso de la MAPE.

Más información:

Área de Comunicaciones
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