La Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Perú, que tiene plazo de vigencia hasta el año 2030, recoge los aportes, expectativas y demandas de la población que se dedica a la actividad MAPE en el país.

Por: Víctor Hugo Pachas, Gerente de ARM para la Región Andina

El documento tiene 4 objetivos prioritarios:

  1. Orientada a reducir las condiciones de precariedad social, laboral y ambiental de la pequeña minería
  2. Incrementar el acceso a las cadenas de valor formales para las actividades de la pequeña minería y minería artesanal
  3. Mejorar la articulación interinstitucional y las capacidades de las entidades vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal
  4. Incrementar el acceso de los pequeños mineros y mineros artesanales a la titularidad del derecho minero y a la autorización de uso del terreno superficial.

La actual situación y participación de los mineros artesanales y de pequeña escala en la vida económica y social del país hace que sea necesario establecer una política general a largo plazo para este sector. Sin embargo, esta nace carente de un aspecto fundamental para cualquier política de corte nacional: la resolución de conflictos producto de derechos extractivos superpuestos a derechos de territorio comunal o de pequeños usuarios del bosque y la voz de aquellos que no se dedican a la minería pero que se ven impactados por esta actividad. 

Por lo anterior, a continuación destaco los principales aspectos que es necesario fortalecer en esta política con el fin de garantizar el desarrollo efectivo de la MAPE en el país:

  1. La actual política no contempla ningún tipo de acción sobre la minería que se realiza en territorio de pueblos indígenas andinos o amazónicos. No está considerado dentro de los conglomerados mineros, a pesar de que se ha consultado en el documento al Ministerio de Cultura y sostenido reuniones de trabajo con este sector y hecho mención del lineamiento de esta política con la Política de Transversalización del Enfoque Intercultural. Es conocido que muchas de las comunidades indígenas realizan estas actividades y en otros casos dan permiso a foráneos para realizarlo en su territorio. Es importante tomar acción sobre este punto, ya que no hacerlo representa un vacío que continuará dejando a merced de los mineros ilegales a las comunidades indígenas. Además, es esencial la participación activa del Ministerio de Cultura para fortalecer la perspectiva sociocultural.
  2. La política aborda los principales problemas técnicos e institucionales que afronta la MAPE, pero muy poco se tiene en cuenta el círculo de ilegalidad que los rodea. Se habla de mejorar el acceso a la titularidad, olvidando que gran parte de los conflictos se dan por superposición de derechos mineros sobre los derechos comunales o de territorio. Es necesario especificar de qué forma se abordará esta problemática originada desde el mismo Ministerio de Energía y Minas, ya que son conocidos los casos de superposición de derechos mineros sobre territorios indígenas o comunales y en lo que esto deriva.
  3. En el documento se habla de precariedad social, laboral y ambiental refiriéndose a la situación actual de la MAPE, pero no menciona las desigualdades que generan estas precariedades. Los problemas que presenta la MAPE van más allá de su planta de producción o la mina misma; muchos de los problemas se generan en las comunidades aledañas de donde provienen, en su mayoría, los trabajadores de estas minas. Es vital que el Ministerio de Educación se haga presente en esta política para lograr generar un impacto positivo en las comunidades mineras a través de proyectos educativos que aminoren las desigualdades, y facilite el acceso a oportunidades para contrarrestar que el impacto social de la política sea reducido.
  4. La política carece de aspectos culturales que organizaciones civiles y comunidades indígenas podrían haber aportado. Se resalta que es importante la opinión de los mineros, pero también lo es la de aquellos que no se dedican a esta actividad o que presentan resistencia a ella, ya sea por temas idiosincráticos o conservacionistas. Si esto último hubiese estado presente no se hubiese colocado con tanto énfasis el tema de la titularidad, ya que tal y como está en el documento hace suponer que su facilidad también podría generar nuevos problemas de origen social entre las comunidades titulares de la tierra y los mineros o agravar los ya existente.
  5. La meta es ambiciosa en favor de la MAPE, sin embargo, la obviedad de ciertos aspectos como el cultural, podrían convertirse en vacíos que no permitan dar explicación a fenómenos que surjan en el camino de la implementación de la política. Por esto, se hace necesario incluir el componente sociocultural de las comunidades indígenas. Además, observar su complementariedad con otras políticas es fundamental para asegurar la Inter institucionalidad tan ampliamente mencionada en el documento. Por ejemplo, con  la Política Nacional de cultura al 2030 y la Política Nacional para la Igualdad de Género, asegurar la participación activa de otras instituciones estatales y de la sociedad civil  hace que se tengan lineamientos y actividades orientadas a reducir las desigualdades que son diversas en ese tipo de población y que terminan siendo el origen de las precariedades mencionadas en el documento,  que impactan no solo a los mineros sino también a sus familias y comunidades en distinta forma de acuerdo a su grupo etario, condición social y económica.

Por ello, desde nuestro objeto misional de la Alianza por la Minería Responsable, el cual es transformar positivamente la vida de comunidades mineras, hacemos un llamado al fortalecimiento de esta política pública y al trabajo conjunto interinstitucional para fortalecer las condiciones de la actividad minera artesanal y de pequeña escala para contribuir al bienestar de las familias que dependen de este sector en el Perú.

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