Autores: Louis Maréchal y Luca Maiotti

Desde hace varios años, la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y, de manera general, los consumidores han desarrollado grandes expectativas encaminadas a asegurar que la producción y el comercio de materias primas, particularmente el oro, no estén vinculadas a violaciones de derechos humanos ni al financiamiento de conflictos.

En 2010, los gobiernos de los Estados-Miembros de la OCDE, respaldados por representantes de Estados de África Central, iniciaron el desarrollo de un conjunto de recomendaciones que permitieran a las empresas del sector privado asegurarse de que estas no contribuyeran, a través de su abastecimiento de recursos minerales, a financiar grupos armados o violaciones de derechos humanos.

La Guía de la OCDE de debida diligencia para cadenas de suministro responsables de minerales, adoptada en 2013 (con su suplemento sobre oro) ha conducido a un número cada vez mayor de empresas a poner en marcha sistemas de identificación de riesgos a través de un ejercicio de análisis de información que toma el nombre de debida diligencia.

Evidentemente las capacidades de una pequeña cooperativa minera en América Latina o en África del Oeste pueden ser limitadas, pero lo importante es que cada operador económico se comprometa, conforme a sus medios, a contribuir a los esfuerzos colectivos.

¿Qué es la debida diligencia?

En la práctica, esta abarca un conjunto de acciones que varían según la posición de la empresa en la cadena de valor y claramente de su tamaño. Esencialmente, se espera que cada empresa ponga en marcha un proceso para identificar, prevenir y mitigar los riesgos relativos a sus operaciones, proveedores y socios comerciales. Ante un mayor riesgo identificado por la empresa, más estrictos deberán ser sus controles.

Si la implementación de la debida diligencia no puede garantizar plenamente que la extracción o el transporte de un mineral no haya contribuido a un conflicto o a violaciones de derechos humanos, esta debe permitir el fortalecimiento progresivo y colectivo de la integridad y transparencia de las cadenas de suministro mundiales. No se espera que esta sea perfecta de inmediato: lo esencial es que las empresas comiencen a ponerla en marcha y se comprometan a mejorarla conforme a su desempeño a través de los años.

Asimismo, la puesta en marcha de esta debida diligencia debe ser una responsabilidad compartida por el conjunto de actores de la cadena, incluidas las entidades económicas que practican la explotación artesanal o de pequeña escala. Evidentemente las capacidades de una pequeña cooperativa minera en América Latina o en África del Oeste pueden ser limitadas, pero lo importante es que cada operador económico se comprometa, conforme a sus medios, a contribuir a los esfuerzos colectivos. En la práctica, esto consiste en dos cosas: hacer preguntas sobre las condiciones de extracción y del comercio de la materia prima y, no cerrar los ojos ante prácticas dudosas al beneficio de una operación económicamente más rentable.

¿Cómo facilitar la participación a actores informales?

Está estimado que el oro extraído de forma artesanal corresponde a aproximadamente un 20% de la producción mundial. Sin embargo, en numerosos países productores, la categoría de minero artesanal se encuentra en una incertidumbre jurídica –entre informal, ilícita, ilegal- pero es de facto ampliamente tolerada. Por consiguiente, grupos armados no-estatales (incluso en ocasiones estatales) obtienen beneficios de su vulnerabilidad. Se estima que los ingresos de las FARC derivados de las actividades de extorsión o de “protección” (vacuna) de mineros artesanales en el departamento colombiano de Antioquia alcanzaron los 2 millones de dólares por mes en 2013.

La Guía de la OCDE es el primer estándar internacional respaldado por gobiernos que reconoce abiertamente la contribución positiva del sector artesanal al desarrollo económico local, y que invita al conjunto de partes implicadas a desarrollar estrategias de apoyo a la formalización y la legalización de operadores responsables. En este sentido, una gran parte de la puesta en marcha del estándar de la OCDE aspira precisamente a llevar a los compradores internacionales a considerar favorablemente la producción artesanal responsable, y a acompañar su inclusión en cadenas de suministro formales y legales.

Aunque aún falta mucho, se han logrado numerosos avances en los últimos años, notablemente sobre la comprensión de la importancia del minero artesanal a escala local y de su potencial de contribución al desarrollo económico. La OCDE y el conjunto de sus aliados continuarán esforzándose en la promoción de este sector, y en el desarrollo de soluciones que permitan a los actores responsables beneficiarse de su dura labor.

Se estima que los ingresos de las FARC derivados de las actividades de extorsión o de “protección” (vacuna) de mineros artesanales en el departamento colombiano de Antioquia alcanzaron los 2 millones de dólares por mes en 2013

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Louis Maréchal se unió a la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE en septiembre de 2014. Trabaja específicamente en proyectos relacionados con la implementación de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales procedentes de Áreas Afectadas por Conflictos y de Alto Riesgo. Antes de unirse a la OCDE, Louis Maréchal trabajó durante cuatro años con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en asuntos relacionados con la transparencia y la gobernanza en el sector minero, así como también en seguridad del suministro de metales estratégicos. Maréchal comenzó su carrera en una empresa de consultoría estratégica centrada en las industrias de defensa y extracción, además tiene una maestría en relaciones internacionales, con especialización en la industria de la defensa.

Luca Maiotti es Analista Junior de Política en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, donde trabaja en programas de capacitación en países productores de minerales y participa en el asesoramiento de políticas y actividades de divulgación en América Latina, África Occidental y África Central. Anteriormente, trabajó en cooperación para el desarrollo, en flujos financieros ilícitos y en tres centros de investigación diferentes que trabajan en torno al agua, migración y seguridad en el Mediterráneo. Luca tiene una Maestría en Seguridad Internacional de Sciences Po Paris, con enfoque en Oriente Medio y Diplomacia.