Escrito por: Dayron Monroy – Líder de Estándares y Certificaciones ARM
Lo que una reciente publicación científica de Duke University, ESPOL y la Alianza por la Minería Responsable (ARM) revela sobre cómo apoyar a las mineras de subsistencia en Ecuador para transitar hacia tecnologías de recuperación libres de mercurio y mejorar sus condiciones de vida.
Mujeres jancheras seleccionando mineral aurífero entre los residuos de una mina en Camilo Ponce Enríquez, Ecuador. Foto: Dayron Monroy.
En las empinadas laderas del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay (Ecuador), el oro es el motor indiscutible de la economía local. Allí, a la sombra de las empresas mineras, trabajan miles de mujeres conocidas localmente como “jancheras”. Su labor consiste en recolectar la roca de desecho, el “janche”, que las minas descartan porque consideran que no tiene suficiente concentración de oro para justificar su procesamiento en planta de beneficio.
Con combo en mano, estas mujeres trituran pacientemente la roca y, en la mayoría de los casos, utilizan mercurio para extraer las pequeñas partículas de oro que logran rescatar. Las jancheras trabajan donde termina la mina y empieza el olvido. Sin contratos, sin equipos de protección, y sin que las autoridades mineras hayan reconocido esta dura labor, estas mujeres están expuestas a un sinnúmero de riesgos. El mercurio se instala en el sistema nervioso, viaja con el agua río abajo, llega a manos y mesas que nada tienen que ver con el preciado oro. La invisibilidad es administrativa, pero el daño es real y se distribuye en toda la población.
Janchera seleccionando cuidadosamente, una a una, las rocas que aún contienen rastros de oro. Foto: Dayron Monroy.
¿Quiénes son las Jancheras?
Para entender por qué estas mujeres mineras siguen dependiendo del mercurio para recuperar oro, primero hay que entender quiénes son. Entre septiembre y diciembre de 2022 viví en Camilo Ponce Enriquez y Ecuador es parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal es un compromiso internacional asumido por el país y
ratificado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta transición representa un desafío para miles de familias que dependen de esta actividad para su sustento. Conversé cara a cara con 236 jancheras. Guiado por ellas, recorrí escombreras, botaderos y las plantas de amalgamación conocidas localmente como “chanchas”.
Janchera preparando la chancha de amalgamación, una tecnología precaria que sigue siendo la única opción viable para procesar su mineral. Foto: Dayron Monroy
Detrás de cada saco de roca cargado montaña abajo había una historia distinta, pero también patrones que se repetían una y otra vez. Los datos revelan un grupo de mujeres que trabajan en condiciones de alta
vulnerabilidad y que dispone de muy pocas alternativas económicas fuera de la minería de subsistencia.
Nueve de cada diez personas dedicadas al janche son, en efecto, mujeres. Muchas llegaron a esta actividad desde jóvenes y tuvieron oportunidades educativas limitadas. En promedio, cuentan con apenas 7.5 años de educación formal, lo que significa que la mayoría no logró completar la escuela secundaria.
Para muchas, el janche no es una elección entre varias opciones laborales; es una de las pocas oportunidades
disponibles para generar ingresos en un territorio minero donde los empleos mejor remunerados suelen
concentrarse en los hombres y en trabajadores con mayores niveles de formación.
Detrás de cada mujer, en promedio, hay dos y tres personas dependientes económicamente. Hijos, nietos
y familiares mayores dependen de un ingreso que, en la mayoría de los casos, no alcanza a superar el salario mínimo ecuatoriano equivalente a $425 USD al momento de levantar las encuestas.
A primera vista, el trabajo parece colectivo. Las lideresas de los grupos hablan con las empresas mineras
para que les den acceso a sus botaderos y coordinan los turnos de trabajo. Pero la cooperación suele
terminar allí. Cuando llega el momento de seleccionar el mineral, procesarlo y vender el oro, cada mujer
trabaja por su cuenta. Apenas una de cada diez jancheras combina físicamente su mineral con el de otras
compañeras.
La mayoría separa cuidadosamente lo que recupera y vuelve a casa con apenas unos cuantos kilos de roca. Son volúmenes demasiado pequeños para acceder a las plantas de beneficio, por lo que terminan procesándose en las chanchas de amalgamación que abundan en la zona. El resultado es una trampa de pobreza: aunque las plantas de beneficio tienen tecnologías capaces de recuperar más oro sin utilizar mercurio, la mayoría de las jancheras trabaja con volúmenes demasiado pequeños para acceder a ellas.
Desde afuera la solución a este problema parece sencillo. Si una sola janchera no logra reunir suficiente
mineral para vender a una planta de beneficio, bastaría con que varias se asociaran y lo vendieran juntas. Pero la débil asociatividad no puede explicarse simplemente como una falta de organización y cooperación. Detrás de ella se esconden problemas de confianza, liquidez y de infraestructura que las propias jancheras difícilmente pueden resolver.
El primer obstáculo aparece en el mismo mineral que cargan montaña abajo. Dos sacos pueden tener el mismo peso y esconder cantidades muy distintas de oro.
Sin pruebas metalúrgicas económicamente viables para pequeños volúmenes, nadie puede saber con certeza cuanto aporta cada mujer a un lote común de mineral. Y cuando no hay forma de medir las contribuciones, tampoco hay forma de garantizar que el reparto de las ganancias sea percibido como justo.
El segundo obstáculo tiene que ver con la liquidez. Los beneficios de janchera juntas no llegan poco a poco.
Aparecen únicamente cuando el grupo consigue reunir las toneladas mínimas que exige una planta de beneficio para recibir el material. Hasta entonces, cada janchera debe esperar confiando que las demás jancharán a su mismo ritmo para vender rápidamente el mineral y obtener efectivo.
Finalmente, el problema más tangible de todos: ¿dónde guardar el mineral mientras se alcanza ese volumen mínimo? La mayoría de las mujeres no dispone de bodegas seguras ni espacios adecuados para almacenar durante días o semanas el fruto de su trabajo. Cada saco acumulado representa dinero de sus compañeras
y sin infraestructura física para almacenarlo y custodiarlo, el riesgo de pérdida o robo es alto y podría generar conflictos. Por eso, al final de cada jornada de trabajo, cada janchera se lleva los sacos con mineral a casa.
Si las plantas de beneficio recuperan más oro y no utilizan mercurio ¿Por qué tantas jancheras siguen procesando su mineral en las chanchas de amalgamación?
A través de módulos estructurados, CRAFT permite evaluar el desempeño de una organización, definir planes de acción y generar reportes estandarizados que pueden ser compartidos con autoridades y compradores. Esto es clave. Porque la transición hacia la formalización requiere de unos lineamientos claros y evidencia objetiva de avance. Sin mecanismos de reporte verificable, el Estado no puede diferenciar entre discursos y progresos reales. Tampoco pueden hacerlo las empresas que desean establecer relaciones comerciales responsables sin asumir riesgos indebidos.
CRAFT introduce tres elementos estructurales que facilitan la transición hacia la formalidad:
- Diferenciación: Permite separar minería informal legítima de minería ilegal mediante criterios técnicos claros, evitando generalizaciones que penalizan a quienes sí están en ruta de cumplimiento.
- Enfoque en la gestión de riesgos, siguiendo estándares internacionales: En contextos como el colombiano, clasificados como zonas de conflicto y alto riesgo por la Unión Europea y la OCDE, aplicar debida diligencia reforzada no es opcional. CRAFT proporciona una metodología alineada con prácticas internacionales que permite documentar esa gestión y desbloquear relaciones comerciales en mercados de alto valor.
- Apoyo condicionado para la mejora progresiva: La relación comercial no se basa en una presunción de cumplimiento total, sino en avances verificables y planes de acción claros. Esto crea incentivos para la formalización sin exigir una transformación instantánea que, en muchos casos, es financieramente inviable.
Es importante subrayar que CRAFT no otorga derechos mineros, no reemplaza licencias ambientales ni autoriza comercialización. Su valor radica en estructurar el camino hacia esos hitos regulatorios. En otras palabras, convierte la formalización en un proceso medible y monitoreable, en lugar de un salto binario.
Para las autoridades, esto significa contar con una herramienta de transición que ofrece información sistematizada sobre el desempeño organizativo de actores en transición. Para la gran minería con capacidad de procesamiento y compra de minerales, significa poder aplicar debida diligencia con evidencia documentada. Para las comunidades mineras, significa acceder a un marco claro que les permita demostrar legitimidad y diferenciarse de los mineros ilegales mientras completan el trámite de sus instrumentos regulatorios.
El Código CRAFT puede funcionar como la infraestructura técnica que conecte territorio, regulación y mercado dentro de una arquitectura de transición estructurada.
El modelo de gobernanza colaborativa necesario para testear CRAFT
Si el desafío es construir una infraestructura de transición, el siguiente paso no es normativo sino operativo. Colombia no necesita una nueva ley para probar mecanismos de formalización progresiva. Necesita habilitar espacios controlados de implementación que permitan evaluar, ajustar y escalar herramientas que ya existen.
Facilitar el testeo de CRAFT no implica delegar funciones regulatorias ni sustituir la autoridad del Estado. Implica reconocer que la formalización es un proceso gradual que puede beneficiarse de estándares técnicos alineados con buenas prácticas internacionales. La transición hacia la formalidad no puede recaer exclusivamente en un solo actor. Requiere una arquitectura colaborativa donde cada parte cumple un rol específico:
- El Estado mantiene la autoridad regulatoria, reconoce a CRAFT como mecanismo de transición, y facilita su implementación mediante acompañamiento técnico y articulación institucional.
- Las empresas intermediarias aplican debida diligencia y crean incentivos económicos para las organizaciones de la MAPE que procesen y vendan sus minerales a través de sus canales de comercialización y plantas de procesamiento con pleno cumplimiento técnico, ambiental y tributario.
- ARM estructura y monitorea la implementación técnica del mecanismo de transición basado en el Código CRAFT y la Guía de Debida Diligencia de Minerales de la OCDE.
- Las comunidades mineras adoptan controles internos y ejecutan planes de mejora en los tiempos establecidos por el mecanismo.
En un contexto internacional donde la trazabilidad y la debida diligencia son cada vez más exigentes, los países que logren demostrar mecanismos efectivos de transición tendrán una ventaja estratégica. Si Colombia habilita el testeo estructurado de CRAFT como mecanismo de transición, enviaría una señal clara a inversionistas, compradores y organismos internacionales: el país no ignora la informalidad, la gestiona con estándares, evidencia y mejora progresiva.
Una decisión estratégica para el país
La MAPE no es un fenómeno marginal. Es un actor estructural del sistema productivo minero que aporta aproximadamente el 70% del oro producido en Colombia. Ignorarla no la elimina; excluirla no reduce el riesgo sistémico. Como país enfrentamos el reto de cómo hacer viable su formalización en territorios complejos, de alto riesgo, y con capacidades institucionales limitadas.
Exigir cumplimiento pleno sin ofrecer infraestructura de transición puede generar más exclusión que formalidad. En cambio, habilitar mecanismos técnicos que permitan diferenciar, monitorear y acompañar el proceso crea condiciones para integrar progresivamente a quienes sí tienen voluntad de cumplir.
El Código CRAFT no es una solución mágica ni un reemplazo de la regulación. Es una herramienta técnica alineada con los estándares de la OCDE que puede organizar el tránsito hacia la formalidad con evidencia, planes de mejora y monitoreo estructurado. Facilitar su testeo no debilita la autoridad del Estado; la fortalece al introducir información sistemática donde hoy predominan zonas grises aprovechadas por los grupos ilegales.
En ARM estamos listos para trabajar junto a autoridades, empresas y las comunidades mineras en la implementación de pilotos que permitan medir avances en la transición hacia la formalidad, con evidencia verificable y aprendizaje institucional compartido.