No se puede usar mercurio en la actividad extractiva del país, eso es un hecho. Pero, ¿cómo conseguir que los pequeños mineros lo abandonen si este les daba buenos resultados a bajo costo?

Artículo para el Especial de Mercurio de Revista Semana 

El mercurio se usa en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) por cuatro razones principales: 1) Porque permite obtener el oro de forma rápida, sencilla y económica; 2) Porque el escaso nivel de regularización de la actividad minera provoca que las decisiones de extracción, y su beneficio, se tomen con base en la rapidez y el bajo costo, sin pensar en la productividad, el cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo; 3) Porque el acceso de los mineros y mineras a la información sobre procesos y tecnologías libres de mercurio ha sido muy reducido o inexistente históricamente; 4) Por la dificultad que encuentran estos para acceder a créditos que les generen recursos para realizar transformaciones tecnológicas.

En relación a lo anterior, la Ley de mercurio 1658 de 2013 estableció una serie de estrategias que al implementarlas correctamente podrían ayudar a la MAPE a superar los principales desafíos y poder así eliminar el mercurio. Pero, ¿cuál es el estado de implementación de estas estrategias en la MAPE en la entrada en vigencia de esta Ley?

Sus artículos 3, 6 y 7 resaltan la necesidad de investigación, desarrollo, transferencia, formación, asesorías técnicas, implementación de procesos y medidas de reducción y eliminación del uso del mercurio al interior del sector. Frente a esto, el Ministerio de Minas y Energía, el Sena, diferentes universidades, ONG, consultoras y empresas privadas, han desarrollado estrategias a la medida para acercar a los pequeños mineros y mineras a tecnologías limpias, sencillas y rápidas.  Si bien estas requieren de una inversión económica mayor que las tecnologías que requieren el uso de mercurio, han demostrado un significativo aumento del porcentaje de recuperación que se puede lograr con su implementación (aumento superior al 20% dependiendo del tipo de mineral). Esto genera un incentivo para elegir tecnologías limpias. Si a las medidas citadas les sumamos el aumento del precio del mercurio (más del ciento por ciento desde finales de 2017), debido a los controles de importación y comercialización (artículo 5), ahí se encuentra otro estímulo para que los mineros y mineras piensen en nuevas alternativas.

La Ley, en el artículo 10, hace referencia a Incentivos para la reducción y eliminación del uso de mercurio en el sector minero, por medio de créditos blandos a través del Banco Agrario, Finagro u otra agencia del Estado especializada. Aunque se han hecho esfuerzos de bancarización del sector para que los mineros y mineras puedan acceder a créditos, el proceso ha mostrado otro desafío de la MAPE en Colombia: que no cuenta con la información y el respaldo financiero exigidos por el sistema bancario. Esto en parte explica las cifras del Ministerio de Minas que indican que tan solo se han otorgado dos créditos en todo el país para pequeños mineros (ambos de carbón), y 18 más se encuentran en evaluación, de los cuales solo uno es de minería de oro.

Los créditos son importantes para que el minero pueda financiar estudios que le permitan identificar dentro del abanico de posibilidades tecnológicas y de procesos que se adaptan a las características de su mina, contar con profesionales que asesoren el proceso y, por último, realizar la transformación tecnológica necesaria. Aunque falta mayor cobertura, algunos estudios y profesionales han sido asumidos por el Ministerio de Minas y Cooperación Internacional principalmente, generando planes de eliminación de mercurio a ser implementados de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Por otra parte, la Ley en el artículo 11, a través de las figuras de subcontrato de formalización minera y devolución de áreas para formalización, invita a los pequeños trabajadores y trabajadoras informales a que dejen de serlo. En la actualidad, la regularización de los mineros a pequeña escala depende en gran medida de estas figuras y de las áreas de reserva especial (ARE). En mayo del presente año se contaba con 92 ARE declaradas (con 2.784 mineros beneficiarios), 77 subcontratos de formalización (1.170 mineros beneficiarios), y 2 cesiones de área. De otro lado, 2.328 Unidades de Producción Minera (UPM) se encuentran en proceso de formalización. Estas cifras reflejan un incremento superior al 150% con respecto a los números del 2017.

Para responder la pregunta de inicio, aunque, como menciona la Contraloría General de la Nación en su informe de octubre de 2017, no se cuenta con información actualizada y veraz sobre el número de usuarios de mercurio en el territorio nacional que permita saber con certeza cuántas UPM y cuántos mineros de subsistencia han logrado eliminar este químico, hay casos de éxito en algunos territorios como Nariño, Caldas, Cauca, Sur de Bolívar y Antioquia. Y lo más importante, se han reducido las barreras de entrada para algunos de los mineros y mineras artesanales y de pequeña escala para lograr la eliminación del mercurio de forma sostenible. Ahora los retos para el nuevo gobierno son analizar las lecciones aprendidas hasta ahora, continuar con las estrategias exitosas y escalar el proceso con aquellos mineros que aún no han logrado eliminar el mercurio en su proceso de beneficio.

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Natalia González es economista con estudios en el área del desarrollo local y la economía ambiental. Desde el 2009 se ha desempeñado en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala de oro en Colombia, en diversos proyectos de cooperación internacional y trabajando de manera directa con las comunidades mineras. Actualmente es directora territorial de la Alianza por la Minería Responsable (ARM). Antes de trabajar en ARM, colaboró durante un año como consultora de nuevas iniciativas en Colombia en la Fundación Amigos del Chocó. Como complemento a su trabajo, Natalia se ha desempeñado como docente e investigadora, sobre todo en temas relacionados con la valoración económica de impactos ambientales, mercurio y fallas de coordinación institucional en el sector minero de oro en Colombia.