Escrito por: Dayron Monroy – Líder de Estándares y Certificaciones ARM & Gina D’Amato – Directora Ejecutiva ARM
En un contexto de altos precios del oro y mayores exigencias de debida diligencia, Colombia enfrenta el reto de integrar progresivamente a la pequeña minería legítima en la economía formal. La principal brecha no es solo de control, sino de mecanismos que permitan diferenciar y acompañar procesos de formalización. El Código CRAFT ofrece una arquitectura técnica de transición para conectar la realidad territorial con las demandas regulatorias y de mercado.
Foto archivo ARM
¿Ilegalidad o falta de infraestructura para la transición?
En el debate público, la informalidad minera suele tratarse como una condición homogénea, cuando en realidad es un paraguas que agrupa realidades muy distintas. En un extremo, existen operaciones abiertamente ilegales: actividades sin derecho minero, en zonas excluidas para la minería o con señales claras de captura por economías criminales.
En ese contexto, la respuesta dominante de la industria tiende a ser de aversión al riesgo. Esto se traduce en no dar oportunidad a revisar medidas progresivas de acompañamiento y/o desvinculación inmediata. Aunque esta reacción es comprensible desde la lógica de gestión de riesgos legales y reputacionales, tiene un efecto no deseado sobre la competitividad sectorial. Al cerrar las puertas del mercado formal a las organizaciones mineras en transición, se refuerza el poder de los intermediarios ilegales, se consolidan relaciones de dependencia financiera y se amplía el espacio para que actores ilegales capturen renta minera y control territorial. Es decir, la exclusión reduce riesgos inmediatos para algunos actores, pero amplifica el riesgo sistémico del sector minero en el largo plazo.
Foto archivo ARM – Talleres de formación a mineros MAPE, Alianza por la Minería Responsable.
El cuello de botella de la formalización
En el diseño normativo colombiano, la formalización minera suele entenderse como el cumplimiento pleno de un conjunto de requisitos: título minero vigente, Plan de Trabajos y Obras aprobado, licencia ambiental, y habilitación del RUCOM para comercializar el mineral en canales formales. Desde el punto de vista jurídico, esta definición es entendible. Sin embargo, en la práctica de las organizaciones MAPE, la formalización no es un evento administrativo, sino un proceso de construcción progresiva de capacidades técnicas, organizativas y financieras que además deben sostenerse en el tiempo.
Una organización de pequeña minería que decide formalizarse no solo debe completar trámites. Debe desarrollar sistemas internos de gestión, establecer controles básicos de producción, implementar prácticas de seguridad y salud ocupacional, organizar su gobernanza interna, gestionar impactos ambientales y construir mecanismos de trazabilidad, registro y rendición de cuentas. Cada uno de estos elementos requiere tiempo, acompañamiento técnico y, sobre todo, una estructura que permita monitorear avances y corregir desviaciones.
Ahí es donde se encuentra el verdadero cuello de botella. El Estado enfrenta limitaciones operativas para acompañar de manera individualizada a cientos de organizaciones dispersas en territorios complejos. Al mismo tiempo, el mercado formal exige niveles de trazabilidad y debida diligencia que resultan difíciles de cumplir de manera inmediata para actores que aún están consolidando su estructura organizativa. El resultado es una brecha entre lo que la normativa exige y lo que muchas organizaciones pueden demostrar en el corto plazo.
Esa brecha no necesariamente refleja ausencia de voluntad de formalización. En muchos casos, refleja ausencia de infraestructura intermedia que permita ordenar el proceso, documentar avances y aplicar criterios objetivos para diferenciar entre quienes están progresando y quienes no. Sin una arquitectura de transición, la política pública tiende a operar en blanco y negro: legal o ilegal; autorizado o excluido. Las instituciones se bloquean en un único rol de control y fiscalización, sin herramientas para generar alternativas para la formalización.
Pero la realidad productiva es más gradual. Existen organizaciones que cumplen parcialmente, que han avanzado en algunos instrumentos, que operan en zonas habilitadas y que mantienen diálogo con las autoridades, pero que aún no pueden demostrar cumplimiento integral. Sin un mecanismo que reconozca ese estado intermedio y permita gestionarlo bajo estándares claros, estas organizaciones permanecen en una zona gris que desalienta la inversión, dificulta el acceso a financiamiento y mantiene la comercialización en circuitos ilegales, algunos de ellos capturados por grupos criminales.
Por tanto, el desafío no es relajar la normativa, sino construir una arquitectura que haga viable su cumplimiento progresivo. Se requiere una herramienta que permita identificar condiciones mínimas de legitimidad, medir riesgos críticos, establecer planes de mejora verificables y generar reportes estructurados que puedan ser utilizados tanto por la autoridad minera como por actores del mercado. Una infraestructura que no sustituya la regulación, sino que ordene la transición hacia ella.
Esa es precisamente la función que puede cumplir el Código CRAFT
Foto: Alianza por la Minería Responsable. Serie de talleres de formación a organizaciones mineras en Honduras.
CRAFT como mecanismo de transición
El Código CRAFT fue diseñado para operar en el espacio intermedio entre la informalidad y la formalidad plena. Alineado con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE, no es un sello de certificación de excelencia ni un sustituto de la regulación estatal. Es una infraestructura de gestión de riesgos que permite a los actores involucrados estructurar, documentar y monitorear el proceso de mejora progresiva de organizaciones de la MAPE.
Su función principal es introducir orden y verificabilidad en un entorno donde hoy predomina la opacidad. CRAFT establece criterios claros para determinar condiciones mínimas de legitimidad, identificar riesgos críticos (como vínculos con conflictos armados, graves abusos de derechos humanos, corrupción o evasión fiscal) y exigir la implementación de medidas de mitigación concretas.
A través de módulos estructurados, CRAFT permite evaluar el desempeño de una organización, definir planes de acción y generar reportes estandarizados que pueden ser compartidos con autoridades y compradores. Esto es clave. Porque la transición hacia la formalización requiere de unos lineamientos claros y evidencia objetiva de avance. Sin mecanismos de reporte verificable, el Estado no puede diferenciar entre discursos y progresos reales. Tampoco pueden hacerlo las empresas que desean establecer relaciones comerciales responsables sin asumir riesgos indebidos.
CRAFT introduce tres elementos estructurales que facilitan la transición hacia la formalidad:
- Diferenciación: Permite separar minería informal legítima de minería ilegal mediante criterios técnicos claros, evitando generalizaciones que penalizan a quienes sí están en ruta de cumplimiento.
- Enfoque en la gestión de riesgos, siguiendo estándares internacionales: En contextos como el colombiano, clasificados como zonas de conflicto y alto riesgo por la Unión Europea y la OCDE, aplicar debida diligencia reforzada no es opcional. CRAFT proporciona una metodología alineada con prácticas internacionales que permite documentar esa gestión y desbloquear relaciones comerciales en mercados de alto valor.
- Apoyo condicionado para la mejora progresiva: La relación comercial no se basa en una presunción de cumplimiento total, sino en avances verificables y planes de acción claros. Esto crea incentivos para la formalización sin exigir una transformación instantánea que, en muchos casos, es financieramente inviable.
Es importante subrayar que CRAFT no otorga derechos mineros, no reemplaza licencias ambientales ni autoriza comercialización. Su valor radica en estructurar el camino hacia esos hitos regulatorios. En otras palabras, convierte la formalización en un proceso medible y monitoreable, en lugar de un salto binario.
Para las autoridades, esto significa contar con una herramienta de transición que ofrece información sistematizada sobre el desempeño organizativo de actores en transición. Para la gran minería con capacidad de procesamiento y compra de minerales, significa poder aplicar debida diligencia con evidencia documentada. Para las comunidades mineras, significa acceder a un marco claro que les permita demostrar legitimidad y diferenciarse de los mineros ilegales mientras completan el trámite de sus instrumentos regulatorios.
El Código CRAFT puede funcionar como la infraestructura técnica que conecte territorio, regulación y mercado dentro de una arquitectura de transición estructurada.
El modelo de gobernanza colaborativa necesario para testear CRAFT
Si el desafío es construir una infraestructura de transición, el siguiente paso no es normativo sino operativo. Colombia no necesita una nueva ley para probar mecanismos de formalización progresiva. Necesita habilitar espacios controlados de implementación que permitan evaluar, ajustar y escalar herramientas que ya existen.
Facilitar el testeo de CRAFT no implica delegar funciones regulatorias ni sustituir la autoridad del Estado. Implica reconocer que la formalización es un proceso gradual que puede beneficiarse de estándares técnicos alineados con buenas prácticas internacionales. La transición hacia la formalidad no puede recaer exclusivamente en un solo actor. Requiere una arquitectura colaborativa donde cada parte cumple un rol específico:
- El Estado mantiene la autoridad regulatoria, reconoce a CRAFT como mecanismo de transición, y facilita su implementación mediante acompañamiento técnico y articulación institucional.
- Las empresas intermediarias aplican debida diligencia y crean incentivos económicos para las organizaciones de la MAPE que procesen y vendan sus minerales a través de sus canales de comercialización y plantas de procesamiento con pleno cumplimiento técnico, ambiental y tributario.
- ARM estructura y monitorea la implementación técnica del mecanismo de transición basado en el Código CRAFT y la Guía de Debida Diligencia de Minerales de la OCDE.
- Las comunidades mineras adoptan controles internos y ejecutan planes de mejora en los tiempos establecidos por el mecanismo.
En un contexto internacional donde la trazabilidad y la debida diligencia son cada vez más exigentes, los países que logren demostrar mecanismos efectivos de transición tendrán una ventaja estratégica. Si Colombia habilita el testeo estructurado de CRAFT como mecanismo de transición, enviaría una señal clara a inversionistas, compradores y organismos internacionales: el país no ignora la informalidad, la gestiona con estándares, evidencia y mejora progresiva.
Una decisión estratégica para el país
La MAPE no es un fenómeno marginal. Es un actor estructural del sistema productivo minero que aporta aproximadamente el 70% del oro producido en Colombia. Ignorarla no la elimina; excluirla no reduce el riesgo sistémico. Como país enfrentamos el reto de cómo hacer viable su formalización en territorios complejos, de alto riesgo, y con capacidades institucionales limitadas.
Exigir cumplimiento pleno sin ofrecer infraestructura de transición puede generar más exclusión que formalidad. En cambio, habilitar mecanismos técnicos que permitan diferenciar, monitorear y acompañar el proceso crea condiciones para integrar progresivamente a quienes sí tienen voluntad de cumplir.
El Código CRAFT no es una solución mágica ni un reemplazo de la regulación. Es una herramienta técnica alineada con los estándares de la OCDE que puede organizar el tránsito hacia la formalidad con evidencia, planes de mejora y monitoreo estructurado. Facilitar su testeo no debilita la autoridad del Estado; la fortalece al introducir información sistemática donde hoy predominan zonas grises aprovechadas por los grupos ilegales.
En ARM estamos listos para trabajar junto a autoridades, empresas y las comunidades mineras en la implementación de pilotos que permitan medir avances en la transición hacia la formalidad, con evidencia verificable y aprendizaje institucional compartido.