Llamado a la acción de la Mesa de la Sociedad Civil de la OCDE
Mientras el COVID-19 recorre el mundo, afectando la salud y la vida de millones de personas, la pandemia está causando un caos adicional económico en la vida de mineros y sus comunidades. Un 83% de los recursos humanos del sector minero en el mundo depende de estas minas para su sustento. Eso llega a aproximadamente 40,5 millones de personas. Estas personas eran vulnerables antes de COVID-19 y aún más ahora.
Las organizaciones globales de la sociedad civil y las asociaciones comunitarias de base firmantes trabajamos para promover el avance de la debida diligencia en derechos humanos en cadenas de suministro de minerales en zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y/o la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y sus comunidades.
Llamamos a una acción inmediata y concertada de los gobiernos, las instituciones financieras, las organizaciones internacionales, los actores del sector privado y otros para apoyar a las comunidades mineras artesanales y apoyar su resiliencia en este momento de crisis COVID-19.
También es esencial que protejamos los beneficios obtenidos con tanto esfuerzo en relación con la debida diligencia y en los derechos humanos en las cadenas de suministro de minerales, en acuerdo con las directrices de la OCDE sobre la debida diligencia en minerales. En esta época de mayores riesgos en las cadenas de suministro de minerales mundiales, la realización de la debida diligencia y el apoyo a las iniciativas locales y alineadas con la OCDE son más importantes que nunca.
El Banco Mundial estima de manera cautelosa que hay más de 41 millones de personas en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) a nivel mundial, del cual al menos un 30% son mujeres. La proporción de mujeres crece de manera exponencial si se toman en cuenta las actividades secundarias. Se estima que más de 150 millones de personas en 80 países son dependientes solamente del sector artesanal y de pequeña escala de oro.
La gran mayoría de los que trabajan directamente e indirectamente en la minería artesanal lo hacen informalmente y hacen parte de los más pobres del mundo. La OIT estima que más de 1 millón de niños trabajan en minas y canteras, una realidad a menudo impulsada por la pobreza. Mineros artesanales extraen, pre-procesan y comercializan minerales de alto valor, como el estaño, el tungsteno, el tantalio, el cobalto y la mica, que se utilizan en bienes de consumo cotidianos, desde aparatos electrónicos hasta baterías recargables para vehículos eléctricos, la energía solar y hasta los equipos médico indispensables para el tratamiento del COVID-19. Los mineros artesanales también extraen y procesan minerales de menor valor (los llamados ‘minerales de desarrollo‘) como la arena, la arcilla, las piedras de dimensión y el coral, que sirven como materiales esenciales para la construcción de casas, carreteras y otra infraestructura, impulsando el crecimiento económico y desarrollo a nivel local.
La valorada naturaleza de estos minerales de alto valor – en particular el oro – significa que las mujeres y los hombres que trabajan en el sector de las minas de MAPE están muy a menudo expuestos a cadenas de comercio ilícitas. Reciben raramente un precio decente por su mineral o su trabajo, y por lo general están atraídos en el sector por la pobreza y las dificultades económicas. En entornos afectados por conflictos y de alto riesgo también pueden ser víctimas de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.
En todo el mundo y para cualquier sea el mineral, el cierre de las fronteras y los canales comerciales legales ha interrumpido las cadenas de suministro. Los mineros tienen que aceptar precios muy bajos para sus minerales y productos para sobrevivir. Las caídas de precios afectan más profundamente a las mujeres que trabajan en el sector de la MAPE, ya que están crónicamente mal pagadas por su trabajo y sus minerales en comparación con sus homólogos masculinos. Sin embargo, mientras los mineros MAPE están perdiendo, hay otros que están ganando – especialmente en el caso del oro, donde el diferencial entre los precios mundiales y los precios de campo sigue aumentando.
A donde los canales formales han colapsado, los actores ilícitos se están reposicionando para reclamar una parte aún mayor de mercado, lo que puede exagerar las tensiones locales y crear división en la comunidad, e incrementar el riesgo para empresas que se abastecen en estas zonas. La MAPE típicamente involucra niveles altos de fuerza de trabajo migratoria, que en su turno contribuye en la propagación del COVID-19 así como la violencia contra la fuerza de trabajo migratoria.
La liquidez en las comunidades mineras se está agotando y el aumento de los precios de los alimentos agrava los efectos económicos sobre los medios de subsistencia. La desesperación económica aumenta la prevalencia de la explotación sexual y la violencia por motivos de género y el trabajo infantil en algunos sitios mineros, que puede verse agravado por el cierre de escuelas. Las minas corren un mayor riesgo de robo y bandidaje debido a la menor presencia de mineros en el lugar.
Algunos gobiernos han tomado medidas para restringir o cerrar las minas MAPE, y en algunos casos el comercio de minerales no se ha considerado esencial a pesar de la medida en que las economías locales dependen de él. Esto afecta más a las mujeres, ya que se da prioridad a los hombres para que permanezcan en el lugar y mantengan el acceso. A pesar de estos cierres y restricciones oficiales, muchos mineros de la MAPE siguen excavando por necesidad. Aquellos o aquellas que siguen minando corren un mayor riesgo de extorsión y abuso de poder por parte de agentes de seguridad pública, mientras que en algunos países, los actores armados no estatales también pueden aprovechar la oportunidad de apoderarse de minas MAPE mientras se desvía la atención y los mineros artesanales son vulnerables.
Estamos profundamente preocupados por estos y otros impactos emergentes y duraderos en las comunidades mineras artesanales y en las comunidades rurales que dependen de ellas. Nos preocupa igualmente que se deterioren gravemente las medidas importantes que garantizan que las cadenas de suministro estén libres de conflicto, de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, incluidas pero no limitadas a las peores formas de trabajo infantil.
La crisis de COVID ha mostrado de manera aún más evidente las enormes desigualdades en las cadenas de suministro de minerales. También ha mostrado la importancia crítica del proceso de debida diligencia de la mina al mercado. Ahora más que nunca, tenemos que invertir en las estructuras y los incentivos para una producción, un comercio y un consumo responsables.
Un sector minero artesanal seguro y responsable puede ser un vector para el desarrollo de millones de mujeres y hombres.
Si estuviera bien apoyado ahora, no sólo podría contribuir a la recuperación a corto plazo de los impactos del COVID-19, sino que podría ser también un importante bastión contra el comercio ilícito, la mala gestión de la tierra, la pérdida de hábitat e incluso el comercio de especies silvestres, y así prevenir la transmisión de enfermedades, además de contrarrestar los efectos del cambio climático.
Los efectos de la mala gestión de cadenas de suministro y de recursos naturales son realmente globales y ahora de nuestra responsabilidad. Llamamos a una acción inmediata y concertada de los gobiernos, las instituciones financieras, las organizaciones internacionales, los actores del sector privado y otros para lograr lo siguiente:
i. Una reducción en los efectos potencialmente devastadores del COVID-19 en las comunidades de MAPE, en particular las que están relacionadas con la salud y la situación socioeconómica, y reconocer que las mujeres y los niños pueden verse más gravemente afectadas;
ii. La mitigación y reducción de conflicto, delincuencia, corrupción y derechos humanos en todas las comunidades mineras y las cadenas de suministro relacionadas (artesanales, de pequeña escala y de minería grande);
iii. La protección y la preservación del desarrollo y la seguridad, ganadas con esfuerzo y relacionadas con la formalización del sector artesanal y la debida diligencia de la cadena de;
iv. Una mayor resiliencia de las comunidades de la MAPE para prepararlas mejor a otras crisis potenciales;
v. Un sector de la MAPE que esté listo para actuar como motor del desarrollo socioeconómico durante la temporada de recuperación;
vi. Fortalecimiento de los actores locales de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que pueden estar arriesgando su propia seguridad para proteger a las comunidades dedicadas a la MAPE.
vii. Mayores consecuencias hacia el comportamiento ilegal que premia a los grupos armados y a las redes criminales y perjudica los esfuerzos para integrar o escalar la debida diligencia de la cadena de suministro. Acciones recomendadas incluyen:
Ayuda de emergencia digna
• Llamar a y activar las redes de respuesta humanitaria y de emergencia para que entreguen ayuda digna directa por medio de dinero en efectivo y alimentos a las comunidades mineras artesanales en estrecha colaboración con las autoridades locales, así como ayuda digna a través de asistencia en efectivo a través de la cual los mineros tendrán la posibilidad de elegir y priorizar sus gastos familiares.
• Los gobiernos y los actores del sector privado, tales como las empresas mineras a gran escala, deben informar públicamente sobre su gestión de COVID-19, incluidos los recursos dedicados durante y después de la pandemia.
Salud
• Invertir en, apoyar o reforzar las respuestas locales a COVID-19 para la prevención del contagio, incluyendo, entre otras cosas, la instalación de baños con lavabos, acceso a kits de detección de fiebre y la provisión de máscaras o desinfectantes que tienden a no ser accesibles de otro modo en los sitios mineros y sus alrededores.
• Brindar capacitación e información sobre la salud, desarrolladas con la participación de las comunidades, en los idiomas locales y en las formas más accesibles y efectivas entre las comunidades de la MAPE.
• Buscar colaboración con los proveedores locales de atención médica y las autoridades de salud para maximizar el uso de los recursos disponibles para la preparación y respuesta al COVID-19 a través de una mejor comunicación entre las comunidades de la MAPE y el sector de la atención médica. Brindar apoyo logístico, financiero y de infraestructura a los trabajadores de la salud para que puedan servir mejor a las comunidades de MAPE durante y después de la pandemia.
Gobernanza y formalización
• Considere si las actividades de la MAPE y las cadenas de suministro deben contarse como servicios esenciales o priorizados para las actividades de recuperación económica dada la tremenda importancia de la MAPE como una actividad de medios de vida para la población rural pobre en muchos países productores.
• Desarrollar pautas operativas para la continuación apropiada de las actividades de la MAPE de manera responsable y segura bajo el COVID-19 conjuntamente con las comunidades de la MAPE y los actores locales de la cadena de suministro.
• Asegurar que el desarrollo y la programación técnica para el apoyo a la formalización del sector de la MAPE destinada a avanzar en la implementación de la debida diligencia y abordar cuestiones estructurales más profundas de pobreza, desigualdad y derechos humanos puedan continuar sin interrupciones.
• Ampliar los esfuerzos de formalización de la MAPE como parte de las prioridades de desarrollo posteriores al COVID-19, dada la capacidad documentada de la formalización para contribuir a los ingresos estatales a través de impuestos, regalías y otras tarifas; para mejorar los ingresos, las condiciones de trabajo y la capacidad de recuperación de los trabajadores de la MAPE; y para mitigar los impactos ambientales.
Cadenas de suministro responsables
• Los actores del sector privado deben seguir mejorando el proceso y la producción de informes relacionados con la diligencia debida en cadenas de suministro y no tomar decisiones de retirarse durante la crisis actual del COVID-19, cuando la conexión con los mercados legales es precisamente más necesaria que nunca. Las empresas no deberían minimizar ni pasar por alto los riesgos ante la crisis económica. Por ejemplo, en el sector del oro, deberían hacer referencia explícita a las banderas rojas en el informe sobre la tipología del oro del FATF de 2015 para asegurarse de que no contribuyen inadvertidamente al lavado del oro procedente de conflictos.
• Los gobiernos deberían investigar, y si es apropiado, sancionar a aquellas empresas de refinación, procesamiento y comercialización y sus propietarios cuyas actividades ilegales benefician a grupos armados o a redes criminales.
• En los países productores, considerar la posibilidad de reducir la carga administrativa y financiera sobre el comercio artesanal legal. Estudiar la posibilidad de ofrecer incentivos adicionales a los compradores legales que ofrecen un precio justo, por ejemplo, mediante desgravaciones fiscales, así como a través de evaluaciones estandarizadas de pesos y valores como la pureza.
• Apoyar iniciativas sobre el terreno, alineadas con la debida diligencia de la OCDE, que hayan contribuido a mitigar y reducir los riesgos del Anexo II de la OCDE, tales como la prevalencia de conflictos y la presencia de grupos armados en el comercio de minería y minerales, directo o indirecto, apoyo a grupos armados no estatales, graves violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero.
• Cuando sea factible, comprar a cooperativas o entidades legales, reforzar la formalización y el comercio legal para que se obtenga dinero y alimentos directamente en manos de los miembros de la comunidad. Trabajar únicamente con comerciantes y exportadores conocidos que demuestran su voluntad de participar, o quienes ya estén participando, en iniciativas de diligencia debida, para llevar a cabo las cinco etapas de la guía y que no estén elevando los precios o explotando a los mineros.
• Las grandes empresas mineras deben seguir garantizando la salud y la seguridad de sus empleados en conformidad con los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, incluido el derecho a rechazar o cerrar un trabajo inseguro. Las empresas deberían igualmente apoyar esfuerzos inmediatos que mitigan los impactos relacionados con COVID-19 en las comunidades alrededor de sus operaciones. También se les motiva a trabajar con las comunidades mineras artesanales para ayudarles a llevar sus productos al mercado por medios legales y en condiciones justas.
Prioridades transversales y específicas de género
• Apoyar directamente a los grupos y asociaciones locales de mujeres y velar que tengan oportunidades significativas de liderazgo y posibilidad de decidir en la aplicación de las medidas COVID-19, así como en temas de comercio, desarrollo y seguridad. Su liderazgo también será fundamental para la recuperación inclusiva.
• Invertir en la sociedad civil local. Una sociedad civil más fuerte es más capaz de proteger a los más vulnerables y monitorear, llamar la atención y posiblemente reducir el oportunismo ilícito.
• Colaborar con las ONG internacionales, que pueden establecer conexiones directas con los agentes locales y proporcionar apoyo adicional cuando sea necesario. Esto no debe eclipsar las capacidades y fortalezas locales, sino complementarlos y amplificarlos.
• Identificar y apalancar las contribuciones financieras de los donantes tradicionales y no tradicionales, como las instituciones financieras, incluso proporcionando garantías locales, bonos éticos u otros instrumentos. Hacer esto de tal manera que implemente medidas anti-corrupción y de lavado de activos tal como en la Propuesta de Marco para Compromiso Mejorado de Fondos del FMI.
• En todas las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo, implementar evaluaciones del riesgo de conflictos antes de iniciar una relación, y hacerlo de manera continua. Adaptar las intervenciones de tal manera que no aumente las tensiones existentes. Por ejemplo, tenga cuidado de culpabilizar y de teorías conspiratorias sobre el origen y la propagación del virus que pueden dirigirse a ciertos grupos.
• Elaborar herramientas de comunicación en los idiomas locales y las formas más accesibles y efectivas entre las comunidades de la MAPE. Explorar el uso de la tecnología móvil como herramienta para proporcionar a los mineros la información correcta sobre el COVID-19, incluidas las políticas nacionales de salud pública, la prevención y las opciones de tratamiento.
• Trabajar en colaboración y en solidaridad entre las partes involucradas para compartir información y prácticas eficientes, y para protegerse contra las amenazas mundiales.
SIGNATARIOS
1. Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA), RDC
2. Action Mines Guinée (Amines)
3. Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH), Côte d’Ivoire
4. Afrewatch
5. Alliance for Responsible Mining (ARM)
6. Artisanal Gold Council (AGC)
7. Association pour le Développement des Initiatives Paysannes (ASSODIP), RDC
8. Bon Pasteur
9. Bureau d’Études et d’Appui au Développement du Territoire de WALIKALE (BEDEWA), RDC
10. Bureau d’Études Scientifiques et Techniques (BEST), RDC
11. Caritas Zambia
12. Centre de Commerce International pour le Développement (CECIDE), Guinée
13. Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire (CENADEP), RDC
14. Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11)
15. Centre de Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme (CREDDHO), RDC
16. Centre for Trade Policy and Development (CTPD), Zambia
17. Children’s Voice, RDC
18. Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), Zambia
19. Club des Volontaires pour l’Appui aux Peuples Autochtones (CVAP), RDC
20. Coalition of Civil Society Organisations in the Great Lake Region against Illegal Exploitation of Natural Resources (COSOC-GL)
21. Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement (CVPD), RDC
22. Commission Justice et Paix, Belgium
23. Council of Churches in Zambia (CCZ), Zambia
24. Diakonia, Sweden
25. Diamonds for Peace
26. Dynamique des Femmes des Mines (DYFEM), RDC
27. European Network for Central Africa / Réseau Européen pour l’Afrique Centrale (EurAc)
28. Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC)
29. Foro Nacional por Colombia
30. Fundación ALBOAN, Spain
31. Fundación Atabaque, Colombia
32. Good Shepherd International Foundation
33. Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives (GRPIE), Côte d’Ivoire
34. Human Rights Watch
35. IMPACT
36. Initiative de Femme Entrepreneure pour le Développement Durable (IFEDD)
37. Instituto Redes de Desarrollo Social / Red Social, Peru
38. Integrity Watch Afghanistan
39. IPIS
40. Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR), Zambia
41. Justice Pour Tous, RDC
42. Kakamega Environmental Conservation and Beautification Organisation (KECBO), Kenya
43. Kimberly Process Civil Society Coalition
44. Maniema Libertés (MALI), RDC
45. Max Impact, RDC
46. Mouvement Ivoirien des Droits Humains (M.I.D.H)
47. National Council of Churches of Kenya (NCCK)
48. Norwegian Church Aid
49. Observatoire Gouvernance et Paix (OGP), RDC
50. Observatoire de la Société Civile Congolaise pour les Minerais de Paix (OSCMP), RDC
51. OECD Watch
52. Organisation Congolaise des Écologistes et Amis de la Nature (OCEAN), RDC
53. Pact
54. PAX
55. People’s Movement for Human Rights Education (MPEDH), Rwanda
56. Réseau pour l’Autonomisation des Femmes des Communautés Minières (REAFECOM), RDC
57. Réseau Innovation Organisationnelle (RIO), RDC
58. Responsible Sourcing Network
59. Rights and Accountability in Development (RAID)
60. Rwanda Extractive industry Workers Union (REWU)
61. SARW
62. SAVE ACT MINE, RDC
63. The Sentry
64. Social Justice, Côte d’Ivoire
65. Solidaridad
66. Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI), RDC
67. SOLSOC
68. SOMO
69. Sustainable Alluvial Mining Services, Papua New Guinea
70. Terres de Homes
71. Touche Pas À Mon Cobalt, RDC
72. Vox Populi Initiative (VPI), RDC
73. Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA)