Para quienes estamos sumergidos por años en el mundo de la minería a pequeña escala es común que tendamos a hacernos esta recurrente pregunta, mientras no terminamos de conocer el contexto histórico, económico, racial, ambiental y social que afecta a la idiosincrasia de nuestra gente y su participación dentro del denominado Estado.

Quizá la respuesta requiera primero diferenciar lo legal de lo legítimo: lo legal se apega al derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley; lo legítimo además implica seguir un camino correcto, justo, auténtico, moral y ético. Lo legítimo se simboliza con lo que se alcanza con justicia, lo que se merece, lo que se hereda; lo legal, en cambio, puede simbolizarse con un sello oficial.

Para ilustrarlo de mejor manera en el contexto minero, menciono los siguientes casos que pueden enfrentarnos cada vez que reflexionamos acerca de la responsabilidad social y ambiental de los actores mineros.

En las operaciones mineras a pequeña escala, es legal que los mineros normalmente sean gente migrante con ansias de colonizar nuevos parajes y yacimientos amparados en su Constitución, aunque no es legítimo que el blindaje de sus bienes encierre riquezas súbitas e inexplicables.

No es legal que el pequeño minero, como propietario del derecho minero que le asiste (derecho sobre el subsuelo), transfiera de manera temporal estos derechos a terceros (comunarios cercanos a la operación), aunque es legítimo que estos últimos reclamen su derecho a trabajar en el yacimiento de manera libre, al menos por un día a la semana.

Es legal que gente de las comunidades pueda llegar a formar sociedad con mineros foráneos y me parece que, hasta cierto punto, es legítimo esperar a que terceros vengan a invertir en minería en estas zonas ricas, conscientes de que tarde o temprano deberán negociar, de alguna manera, con las comunidades que han vivido en ellas por siglos.

Sea cual fuere la lucha entre lo local (originario) y lo migrante, es cierto que lo legal minero está vinculado, más que todo, a lo jurídicamente aceptable por el Estado, y lo legítimo minero está más bien vinculado con lo moralmente aceptado por la sociedad local (que en muchos casos se ha venido a denominar usos y costumbres).

Por mi naturaleza citadina, normalmente me inclino a pensar que lo legal está más vinculado a la buena administración de los bienes naturales del Estado, al sometimiento en base a normas y a la obtención de un beneficio económico mayor para el resto de la sociedad que no participa de la explotación directa de los recursos naturales; siendo que lo legítimo en nuestros países tendería más bien a una distorsión de lo que significa la herencia de un bien común, transformada en un escudo cada vez más perceptible para proteger la extorsión, la evasión de obligaciones tributarias, los avasallamientos, la contaminación, el trabajo infantil minero y la informalidad de la actividad.

Siendo mi punto de vista correcto o no, mientras sigamos viendo estos casos, continuaremos dando vueltas en el círculo de lo legal y lo legítimo, sin saber distinguir el límite entre ambos, siendo imposible fijar una posición absoluta al respecto y esperando que alguien nos diga si lo uno o lo otro es mejor para las familias mineras. Ojalá nuestros gobernantes pronto hagan que lo legal y lo legítimo en la minería converjan de una manera más satisfactoria para beneficio de toda la sociedad.

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