Hoy celebramos en La Alianza por la Minería Responsable (ARM) un enorme logro de los mineros artesanales y de pequeña escala del mundo, y especialmente de Colombia: el oro del premio Nobel de Paz otorgado al Presidente Juan Manuel Santos, fue extraído, procesado y comercializado cumpliendo con los más altos estándares ambientales y sociales, por organizaciones de pequeños productores mineros certificados de Nariño y Huila, en Colombia, con el sello de minería justa Fairmined. Un sello que nació en la Colombia profunda y ha llegado a mineros en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Mongolia, pasando por África.
Hace poco más de dos décadas, con el programa Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD, 2002), múltiples actores incluyendo la industria minera global, organismos multilaterales, academia, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a preguntarse sobre el significado del concepto de desarrollo sostenible para el sector minero. Era común oír que la minería artesanal y los pequeños mineros en general, debían desaparecer, para dar paso a la minería moderna.
Es así como muchos gobiernos alrededor del mundo, en lugar de abordar proactivamente las complejidades de formalizar y transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), como una fuente de oportunidades para generar trabajo decente y desarrollo local, se enfocaron en crear las condiciones para promover la inversión extranjera en minería de gran escala, olvidando las necesidades específicas y las potencialidades de la MAPE. Por ejemplo en Colombia, se eliminaron de la legislación las escalas en la minería y se estableció una normativa a la medida de la gran minería, pero imposible de alcanzar por los pequeños mineros. El país efectivamente los abandonó y los lanzó a la más profunda informalidad.
Lo anterior coincidió con el alza acelerada del precio del oro (a partir de 2004 progresivamente hasta su tope durante junio de 2011), lo que atrajo a miles de personas a la minería informal de oro en todo el mundo. En Colombia y en países africanos, también atrajo a los grupos armados al margen de la ley, quienes diversificaron sus inversiones y utilizaron la minería de oro como un negocio para el lavado de activos de origen ilegal (Massé y Munevar, 2016).
Una imagen muy negativa sobre la minería informal y tradicional persistió y se expandió entre gobiernos, industria y sociedad civil, como una actividad insostenible e inaceptable: mercurio, cianuro, trabajo infantil, destrucción de ríos y bosques, violencia contra la mujer, condiciones de trabajo peligrosas, ausencia de seguridad social para los trabajadores mineros, en fin, todo aquello que la gran minería buscaba erradicar del sector minero y que se afianzaba en la trampa de la informalidad generada por políticas excluyentes.
Como consecuencia, la entrada de grupos armados ilegales (como paramilitares, las FARC o el ELN) a los territorios mineros de Colombia ha significado para los mineros tradicionales y ancestrales graves amenazas, extorsiones, desplazamientos y violaciones a sus derechos humanos, la destrucción de yacimientos mineros de la MAPE y la colonización de comunidades rurales ancestrales con costumbres y prácticas propias del negocio del narcotráfico. Estos grupos causaron un desastre social, ambiental y de gobernanza territorial (Tierra Digna, 2016), al obtener el control de la cadena de financiamiento y comercialización de minerales en muchas regiones de Colombia.
Entre esos mineros ancestrales y sus líderes inspirados, que buscaron a principios del nuevo siglo un rumbo diferente, sobresalen los mineros y mineras de los Consejos Comunitarios Chocoanos del Alto San Juan (ASOCASAN) y de Condoto (COCOMACOIRO), que junto con las ONG colombianas Amichocó y Fundamojarras, y con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), crearon en el año 2002 un camino para el cambio: el primer sistema de certificación ética y verde para metales preciosos del mundo, el famoso sello Oro Verde®, con denominación de origen del Pacífico.
El objetivo de Oro Verde® era afirmar la legitimidad de la minería ancestral como parte de un sistema de producción diversificado, adecuado para proteger el territorio y la biodiversidad del Chocó Biogeográfico, y por ese medio la pervivencia cultural del pueblo negro en el territorio. En aquellos años Leonardo di Caprio en “Diamantes de Sangre” hizo visible para los consumidores globales las terribles condiciones de producción y esclavitud en los campos de diamantes en Sierra Leona, lo que ayudo a jalonar en muchos países la demanda de un mercado verde y conocer cómo se producían los metales y piedras de la joyería de lujo.
Aunque surgieron diversos problemas con el modelo inicial, en 2005 algunos aliados latinoamericanos comprometidos con la MAPE, con apoyo de ONG holandesas (Oxfam Novib y Both Ends), le apostamos a crecer el modelo de Oro Verde®para aplicarlo en Bolivia, Perú y Ecuador. Para ello la Corporación Oro Verde creó la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés). ARM hoy es reconocida globalmente como una de las entidades con mayor experiencia en el trabajo con la MAPE. ARM recibe apoyo internacional importante y trabaja con mineros y aliados locales en América Latina, África Occidental y Mongolia, promoviendo la formalización, el acceso a derechos mineros y la certificación Fairmined de la MAPE. Hoy en día 10 organizaciones mineras de 4 países cuentan con la Certificación Fairmined, y más de 130 empresas provenientes de 21 países ya se han unido a ARM para trabajar con Oro Fairmined y añadir valor a sus productos.
Ese oro certificado hoy nos llena de orgullo al usarse en la elaboración de la Medalla del premio Nobel de Paz. Nos llena de esperanza de que el Presidente Juan Manuel Santos, y el pueblo colombiano, vean en la MAPE responsable una oportunidad, no solo para la reinserción de excombatientes de las comunidades en la MAPE, sino también para la dignificación de miles de mineros y mineras artesanales y de pequeña escala informales que piden políticas incluyentes en el posconflicto, tales como: acceso a derechos mineros, enfoques diferenciales en las normas y en fiscalización, acceso a créditos, a capacitación, a educación y a bienes públicos en sus territorios. Los mineros tradicionales y ancestrales de Colombia piden una oportunidad para ayudarse a sí mismos, generando trabajo decente y calidad de vida en territorios azotados por esta guerra de más de medio siglo.
Bibliografía
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Massé Fréderick y Munevar, Juan (2016). Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana. Conducta Empresarial Responsable. Pub. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Disponible: http://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf[Acceso: 24/10/2016]
Tierra Digna. Melo, D. (2015). La minería en Chocó, en clave de derechos. Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial. Bogotá. Disponible página web: http://lamineriaenchoco.tierradigna.org/[Acceso: 22/11/2016].[/8/2016]2/11/2016]eb: ertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial. ue se pierden por prl Pacclasificaci
Weitzner, Vivianne, (2012). Holding Extractive Industries to Account in Colombia: An evaluation of CSR Instruments through the lens of Indigenous and Afro-Descendent Rights, Pub. North-South Institute, Proceso de Comunidades Negras (PCN) and Resguardo Cañamomo-Lomaprieta, Ottawa. Available at: https://www.nsi-ins.ca/governance-of-natural-resources/extractives-and-ethnic-rights-in-colombia/[Acceso 18/8/2016]