La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas –EITI por sus siglas en inglés–, es un acuerdo internacional cuyos estados miembros, de manera voluntaria, se comprometen a reportar periódicamente información sobre los pagos que reciben por parte de las compañías mineras, petroleras y otras extractivas que operan en sus territorios. El acuerdo está basado en el supuesto, ampliamente aceptado, de que mayores niveles de transparencia llevan a menores niveles de corrupción, o en otras palabras, que si las prácticas corruptas son puestas a la luz, estas eventualmente desaparecerán: “sunlight is the best desinfectant”[1].

La candidatura a EITI, requiere pues a los países interesados en alcanzar el estatus de “cumplidor” la adopción de una serie de medidas que, en materia de rendición de cuentas, conduzcan a una reducción de las prácticas corruptas en el sector extractivo. Recientemente Colombia decidió asumir este reto como parte de su estrategia de consolidación del sector minero-energético como uno de los motores de desarrollo del país. Se trata de un empeño que venía esbozándose desde el primer mandato de Juan Manuel Santos y que, de acuerdo a declaraciones del ministro de Minas y Energía, Tomás González, mejorará la gobernabilidad y credibilidad internacional del país[2].

De cara a este compromiso que ha sido adquirido hasta el momento solo por otras tres naciones latinoamericanas –Perú y Guatemala que ya son cumplidoras, y Honduras, también candidata desde marzo de 2014–, es un buen momento para preguntarse por las razones que motivan a los estados a poner voluntariamente bajo el escrutinio de su propia ciudadanía y de la comunidad internacional el manejo que dan a sus industrias extractivas, al igual que por los desafíos y beneficios que de ese proceso puedan derivarse tanto en el plano nacional como en el regional e internacional.

La implementación de los criterios de EITI es un desafío que, en materia de transparencia, gobernanza y rendición de cuentas, implica sin duda compromisos importantes para cualquier nación que aspire a ser considerada cumplidora del estándar. Ahora bien, si se tiene en cuenta el hecho de que los países más ricos en recursos naturales –cuyas economías dependen en buena parte, cuando no exclusivamente, de las actividades extractivas–, son con frecuencia también los que más altos niveles percibidos de corrupción presentan, no podrá negarse que la adhesión al acuerdo implica para estas naciones unos costos comparativamente más altos, ya que deben enfrentar retos en otros frentes (instituciones deslegitimadas, una ciudadanía poco comprometida, limitada soberanía territorial, etc.) para que el resultado de la implementación sea satisfactorio.

A pesar de esa realidad, cada vez son más las naciones menos desarrolladas y en proceso de transición que, al igual que Colombia, se suman al acuerdo como una forma de ganar credibilidad y atraer mayores niveles de inversión extranjera a sus territorios.

El proceso en nuestro país se encuentra actualmente en su etapa intermedia y cuenta con un Grupo de Multipartícipes consolidado el cual es acompañado por la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, espacio del que ARM hace parte. Resta ahora seguir de cerca el proceso a lo largo de los 22 meses que contempla la implementación, para saber si, de acuerdo a la tendencia observada en otros casos, los niveles de corrupción efectivamente decrecen, para ello, no sobra señalar, se requerirá el concierto no solo del gobierno y de la ciudadanía, sino también de las compañías del sector, históricamente suspicaces respecto de someter sus operaciones al escrutinio público.



[1]Short, C. (2014). The development of the Extractive Industries Transparency Initiative. The Journal of World Energy Law & Business, 7(1), 8–15.

[2]Colombia tiene tres años para implementar el estándar Eiti. Portafolio, Octubre 19 de 2014. http://www.portafolio.co/economia/iniciativa-transparencia-industrias-extractivas

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