Artículo de Angela Mesa (Enero 2019)

Una propuesta de agenda para el sector en Colombia

En un espacio de diálogo y participación regional que organizamos desde la Alianza por la Minería Responsable (ARM) para encontrarnos con distintos actores con los que veníamos trabajando en Colombia (regiones de Cauca y Nariño), se realizó la construcción de una agenda para el mejoramiento de la minería artesanal y a pequeña escala. Esta fue creada a partir de los logros, retos y aprendizajes que identificamos a lo largo de un año a través del relacionamiento multi-actor.

[1] Autoridad regional colombiana encargada de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y buscar el desarrollo sostenible del país.

Gracias al debate y participación de los asistentes – mineros y mineras, instituciones y universidades de los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño[1] – se vio la necesidad de ampliar las temáticas relacionadas con los retos, para así poder realizar propuestas concretas para el mejoramiento del sector. Esta agenda fue creada por personas que viven distintos contextos laborales y personales. Construirla fue un gran reto y requería de espacios de diálogo constantes, en este caso facilitados por una fundación sin ánimo de lucro (cooperación internacional) como ARM. Era importante que estos espacios vinieran dados con un plazo suficientemente largo como para respetar tiempos y procesos de los distintos actores, y así poder crear la confianza y conocimiento que requiere construir conjuntamente.

Partiendo del consenso de que existe la necesidad urgente de una reglamentación , se priorizaron, a través del espacio de diálogo regional y con el uso de metodologías participativas, distintas propuestas:

Aspectos ambientales y consulta a comunidades étnicas

Del encuentro se  identificó que una de las barreras existentes hacia la formalización es cumplir con los requisitos ambientales exigidos por la ley, ya que resultan muy costosos y no se corresponden con el contexto de la MAPE. Entonces, surgió la propuesta de simplificar los procesos para los mineros y mineras artesanales y a pequeña escala, sin que ello implique incumplimiento de requisitos para la sostenibilidad y responsabilidad de la minería. Esta simplificación se traduce en que cada Corporación Autónoma Regional cree unos términos de referencia propios, donde se expongan los requisitos específicos para los requerimientos ambientales, basados en los establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las guías minero ambientales del Ministerio de Ambiente.

Además, también se tendrían en cuenta las necesidades y el contexto de la MAPE en su territorio, así como las condiciones particulares de los mineros y mineras, sus familias, sus asociaciones, el tipo de mineral que es explotado, y la forma de explotación. Estos nuevos términos de referencia deben crearse, además, desde un ejercicio de consulta con las comunidades étnicas, para que se pueda incluir en estos su particular visión del territorio y de desarrollo.

Eliminación del uso del mercurio

En las alternativas para dar cumplimiento a la ley sobre eliminación del uso del mercurio[2], se identificó que una problemática ha sido la insuficiente información para lograr una transición del uso del mercurio a alternativas ambientalmente sostenibles. Por ello, en el taller se decidió proponer  la creación de un plan de reemplazo de uso de mercurio a través de la incorporación de tecnologías limpias, adaptado a las condiciones mineralógicas, económicas y culturales de los sitios mineros. Se consideró que este plan debería implementar estrategias de capacitación y sensibilización al minero en el impacto que tiene el mercurio en la salud, el medio ambiente y la comunidad. Además, facilitar una articulación interinstitucional para que se promuevan rutas de financiamiento en el camino hacia una minería responsable.

[2] Ley 1658 de 2013

Inclusión financiera y comercialización

Exponiendo distintas experiencias mineras y a través del diálogo, se vio importante adecuar la normatividad existente relativa a la exportación de minerales a la realidad del pequeño minero, entendiendo sus limitaciones financieras y técnicas, también a partir de una articulación interinstitucional que garantice el conocimiento del sector por parte de todas las entidades estatales. En este sentido, es necesario recalcar que la posibilidad de exportar para los pequeños mineros, además de ser un derecho, es un mecanismo que tiene la institucionalidad para ejercer un control público en la trazabilidad del oro.

 

 

Además, se ve necesario facilitar el diálogo entre el Ministerio de Minas, Asobancaria[3] y las entidades financieras para aprender mutuamente de los sectores: el minero, entendiendo sus dinámicas y qué es lo adecuado exigir para demostrar la transparencia en las operaciones; y el financiero, para comprender cuáles son sus preocupaciones y cómo se encuentra un punto medio entre estas y las necesidades del minero. Adicionado, y en alianza con ARM, sensibilizar a los funcionarios, tanto públicos como privados, en las dinámicas del sector MAPE en la implementación de buenas prácticas, reduciendo la estigmatización.

[3] Es el gremio representativo del sector financiero en Colombia.

Acceso al recurso minero

En cuanto, al acceso al recurso minero, debatimos sobre que los mecanismos de formalización se quedan cortos al momento de su aplicabilidad en el sector de la MAPE, por lo que hay que fortalecer las figuras de formalización existentes, brindando más información sobre sus beneficios para facilitar el acceso por igual, tanto para las grandes empresas mineras como para los mineros del sector de la MAPE, con la finalidad de promover la legalidad y la formalidad en el sector. En este sentido, se vio que son necesarios procesos de sensibilización, capacitación, mediación y diálogo que articulen las necesidades de pequeños y grandes mineros.

Estas y las demás propuestas que surgieron en este se espacio, se componen de dos ejes transversales: la necesidad de una articulación institucional como soporte y sustento de una ruta de acción a las recomendaciones planteadas; y el enfoque de género como un requerimiento social en la normatividad MAPE, que identifique brechas y opte por una equidad en el ejercicio de la actividad. Todo ello debe promoverse en el marco de procesos participativos y de diálogo, en los que la comunidad minera sea escuchada y tenida en cuenta en las decisiones que les afecten.

Este ejercicio realizado en Colombia sirve de base para ejemplificar cómo conjuntamente se pueden definir las prioridades del sector de la minería artesanal y a pequeña escala, desde el diálogo y la escucha de las necesidades de comunidades en situación de vulnerabilidad. La experiencia de la fundación ARM demostró que los mineros y mineras se sienten altamente motivados a mejorar su actividad cuando encuentran un reconocimiento a sus propuestas y un respaldo en la institucionalidad que, antes de juzgarlos, se propone construir desde el fortalecimiento de la base. La metodología de estos espacios de diálogo fue desarrollada con los participantes, quienes fueron manifestando como se sentían más cómodos para expresar sus ideas. Este ejercicio de diálogo y participación en el sector, cuyas conclusiones resumí en este artículo, es una invitación a construir colectivamente un sector minero más responsable desde la planeación hasta la implementación.

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Ángela María Mesa González, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con énfasis en el área de Derechos Humanos. Actualmente, Profesional de Gobernanza para la MAPE Sostenible en Alianza por la Minería Responsable

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