El pasado 30 de noviembre la Cámara de Representantes Colombiana aprobó por mayoría absoluta el acuerdo de paz firmado una semana antes por representantes del Gobierno y las Farc. Habiendo sido ya refrendado también en el Senado el día anterior, esta última votación favorable consolidó el visto bueno del pleno del Congreso al inicio del llamado post-conflicto. Una nueva era para el país en la cual, se espera, este pueda alcanzar una paz estable y duradera que impulse su desarrollo y traiga bienestar a sus habitantes, especialmente a aquellos más vulnerables, quienes han vivido en carne propia los rigores de una guerra de la cual fueron víctimas por casi seis décadas.

Sectores sociales, comunitarios, políticos y económicos celebran el inicio de la implementación del acuerdo, y no es para menos, tras más de cinco años de negociaciones y una refrendación fallida, el esperado Día D llegó y con él la esperanza de que nunca más se haga política con armas en territorio nacional.

La nueva realidad trae retos y oportunidades por igual, lo cual es especialmente cierto para la Colombia rural. Escenario por excelencia de enfrentamientos, atentados y asedios, sus pobladores debieron someterse por décadas al dominio de poderes de facto que, en ausencia del Estado, llegaron a determinar el día a día de poblaciones enteras. El crimen organizado hizo de territorios ricos en recursos renovables y no renovables su botín, aprovechando su ubicación remota, fuera del alcance de las autoridades, tejió en ellos redes delictivas en las cuales la comunidad era el eslabón más vulnerable y expuesto.

Durante los años en que Colombia empezó a redescubrir el potencial de sus recursos minerales, grupos armados de diversa índole encontraron en ellos una excelente alternativa económica. Con la lucha anti-drogas a toda marcha, la extracción ilícita de piedras y metales preciosos se presentó como una opción menos asediada e igual o incluso más lucrativa que el narcotráfico. Para 2012 se estimaba que casi una cuarta parte de los ingresos de las FARC provenía de minería ilegal[1], actividad que impacta gravemente el territorio en términos ambientales, sociales, económicos y de salud pública.

La minería de subsistencia y pequeña escala en Colombia lleva sobre sus hombros el estigma de esa realidad. Si bien es un sector que, por ser intensivo en mano de obra local, puede aportar enormemente al desarrollo económico y social de las zonas donde se lleva a cabo, su instrumentalización por parte de actores criminales y las malas prácticas que estos han extendido a lo largo del país ante la ausencia estatal, han minado la confianza de la opinión pública en él.

La desaparición de las FARC como grupo armado, la entrega de sus armas y reintegración a la vida civil de sus combatientes se configura como una oportunidad inédita y un reto inmenso para el sector. El inicio de la concentración de guerrilleros en zonas específicas del país en preparación para la entrega de armas significará su salida de las zonas en las cuales ejercían control y el abandono de las minas y redes de comercialización ilegal de minerales que lideraban. Con una realidad tan compleja como la colombiana, esto supone un desafío de grandes dimensiones para el gobierno, que tendrá que copar esos vacíos de poder con la mayor celeridad posible, evitando que el crimen organizado se apodere de esos frentes y acabe con la esperanza de cambio de estas poblaciones. Igualmente, tendrá que redoblar sus esfuerzos en pro de la formalización y abrir las puertas a esas comunidades mineras que quieren progresar sin el yugo de la criminalidad y sin renunciar a su tradicional vocación económica.

Las oportunidades que pueden materializarse de asumirse con prontitud estos retos son múltiples.  Una minería bien hecha traerá bienestar y desarrollo económico al país; a nivel local, la desaparición de redes de extorsión y contrabando en los municipios mineros permitirá al sector acercarse a la formalidad y las mejores prácticas que esta trae consigo, con lo cual disminuirán la contaminación, deforestación y erosión que están acabando con nuestros recursos. Igualmente, las comunidades podrán liderar sus propios procesos de desarrollo minero de manera concertada, transformando la actividad en fuente de bienestar social y económico, dejando atrás las intimidaciones y amenazas.

Frente a ese escenario retador y lleno de potencialidades el gobierno nacional cuenta con unos aliados inmejorables. Se trata de los pequeños mineros y mineros artesanales que trabajan día a día por sacudirse el estigma de la criminalidad y que, con su compromiso con el desarrollo comunitario sostenible y la conservación del medio ambiente, demuestran que es posible hacer una minería a pequeña escala responsable social y ambientalmente.

Con ocasión del Premio Nobel de la Paz otorgado al Presidente Juan Manuel Santos en reconocimiento a su esfuerzo por conseguir la paz que ahora empezamos a construir, se presenta una ocasión irrepetible para visibilizar ese esfuerzo: de dos cooperativas mineras colombianas certificadas bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable, una en el municipio de La Llanada en Nariño, y otra en Íquira en el Huila, se extrajo el oro con el cual se elaboró la medalla que simboliza el galardón. Este debe servir para cristalizar el compromiso del sector y de todos aquellos que trabajamos en él hacia la construcción de la paz que Colombia quiere y necesita, que debe materializarse tanto en las ciudades como en los campos de los cuales provienen las comunidades mineras que hoy orgullosamente hacen parte de este logro.

Share This